FUNDAMENTACIÓN

Abordamos aquí el debate sobre los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres en Argentina, particularmente en las últimas décadas: nos centramos en la implementación de regulaciones de la violencia en contra de la mujer. Desde la norma se buscaría confrontar el caso más extremo de violencia contra las mujeres en la figura del femicidio. En el contexto actual, el Gobierno Nacional redujo el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades a una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, desfinanciando programas públicos que trabajan sobre esta temática.

Como leyes principales encontramos: Ley 26.485 (2009), Ley 23.179 (1985), Ley 24.632 (1996) y Ley 27.499 (2019). Veremos que, a pesar del reconocimiento de derechos y obligaciones para que los Estados hagan frente a la violencia, el número de víctimas no disminuye. Esto se atribuye a la falta de procesos judiciales que investiguen y apliquen sanciones a los agresores. Entendemos las relaciones que posibilitan tales agresiones como relaciones con propósitos tanto políticos como sociales. 

A pesar de numerosas campañas de concientización sobre esta problemática, marchas, etc., observamos que las víctimas se encuentran con demasiados obstáculos a la hora de denunciar. La revictimización tiene lugar cuando se cuestiona un hecho denunciado, la víctima es señalada. Esto conlleva efectos psicológicos, sociales, económicos y judiciales para las agredidas. Ocurre por la atención inadecuada cuando las mujeres entran en contacto con el sistema de justicia, en sus formas policial, judicial, administrativa, entre otras.